Tributaria · Derecho tributario

Principios constitucionales tributarios en Chile: los límites que la Constitución pone a los impuestos

La potestad del Estado para exigir tributos no es ilimitada: la Constitución fija quién puede crearlos, con qué elementos, bajo qué estándares de justicia y ante qué tribunales puede discutirse su aplicación.

Equipo Craden15 min de lectura

Todo impuesto en Chile nace, se aplica y se discute dentro de un marco constitucional. La potestad del Estado para exigir tributos no es ilimitada: la Constitución fija quién puede crearlos, con qué elementos, bajo qué estándares de justicia y ante qué tribunales puede discutirse su aplicación. Para una empresa, conocer esos límites define qué puede exigir el Fisco y con qué herramientas cuenta el contribuyente para defenderse.

Este artículo resume los principios constitucionales tributarios y su traducción práctica en el Código Tributario y en la interpretación del Servicio de Impuestos Internos (SII). El contenido de base proviene de la presentación «Principios Constitucionales Tributarios» del profesor Jaime García Escobar (Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile); lo que se agrega a ese material se acompaña de su fuente oficial, citada al final.

Una precisión de partida: quién es el contribuyente

Antes de entrar en los principios conviene fijar al sujeto que protegen. El Código Tributario lo define en su artículo 8, N° 5: por «contribuyente» se entiende a “las personas naturales y jurídicas, o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos”. La definición es amplia y práctica: basta ser persona natural o jurídica afectada por un impuesto, o administrar o tener bienes ajenos gravados. El mismo artículo define al «representante» (N° 6), que cubre a guardadores, mandatarios, administradores, síndicos y, en general, a quien obre por cuenta o en beneficio de otra persona, y a la «persona» (N° 7), que incluye a las personas naturales o jurídicas y a sus representantes. Cuando una norma tributaria impone un deber a “la persona”, puede alcanzar también a quien actúa por cuenta de otra.

1. Las fuentes del derecho tributario y el rol interpretativo del SII

Las fuentes del derecho tributario son cerradas y jerarquizadas. La Constitución es la norma suprema; la ley es la fuente central, porque solo ella puede imponer, modificar o derogar un tributo; los reglamentos son pocos y solo desarrollan lo que la ley ya estableció. La costumbre nunca es fuente del derecho tributario: ninguna práctica reiterada puede originar una obligación de pagar ni una exención de hacerlo. Los tratados internacionales cumplen un rol acotado: evitar la doble tributación, materia que el propio Código reconoce en su artículo 5.

A las fuentes formales se suma la interpretación de la Administración. Por mandato del artículo 6, letra A, N° 1, del Código Tributario, corresponde al Director del SII interpretar las normas tributarias, y lo hace mediante circulares (dirigidas a los contribuyentes en general), oficios (que resuelven consultas particulares) e instrucciones (para sus funcionarios). Tres rasgos esenciales: no son reclamables; no obligan a los tribunales ni a los contribuyentes, de modo que su criterio siempre puede discutirse ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros; y deben estar fundados, exigencia que el artículo 8° bis, N° 4, letra a), extendió a toda actuación del Servicio.

Esta actividad es concreta y permanente: la Circular N° 65 de 2015 desarrolló las normas generales antielusión; la Circular N° 44 de 2020 instruyó las modificaciones de la Ley N° 21.210 al Código; y la Circular N° 12 de 2021 sistematizó los derechos de los contribuyentes y los procedimientos de impugnación de esa reforma. Además, desde la Ley N° 21.210 el SII somete sus proyectos de circular a consulta pública por diez días antes de dictarlos, una ventana para que el sector privado incida en la interpretación antes de que se fije.

2. Los principios constitucionales tributarios

En la Constitución chilena se reconocen seis principios tributarios: legalidad, igualdad, equidad o no confiscatoriedad, no afectación, iniciativa exclusiva del Presidente de la República y juridicidad o debido proceso.

2.1 Legalidad: solo la ley puede crear tributos

Es la columna del sistema, con tres anclajes constitucionales: el artículo 63, N° 14 (materia de ley), el artículo 65, inciso cuarto, N° 1 (iniciativa reservada al Presidente) y el artículo 19, N° 20 (igual repartición). De ellos se desprende la regla capital: solo en virtud de una ley se puede imponer, modificar o derogar un tributo. Su razón es la certeza jurídica. Los tributos son de derecho estricto, con dos consecuencias: ninguna autoridad puede crear o extinguir obligaciones tributarias por decreto (hacerlo compromete incluso responsabilidad penal, según los arts. 147 y 157 del Código Penal), y los particulares no pueden disponer del tributo por convenio.

¿Qué debe contener la ley? Todos los elementos de la obligación tributaria. En el caso Álvarez de la Rivera (STC rol N° 822-07-INA, de 2007), el Tribunal Constitucional los sintetizó en cuatro: hecho gravado, base imponible, sujeto obligado y tasa. Esto no exige que la ley regule hasta el último detalle técnico: en la sentencia rol N° 718-2007 (Sociedad de Deportes Palestina con SII), el mismo Tribunal precisó que «es la ley la encargada de precisar los elementos esenciales de la obligación tributaria, pudiendo la potestad reglamentaria de ejecución sólo desarrollar aspectos de detalle técnico», que el legislador «debe delimitar con suficiente claridad y determinación».

El Código Tributario traduce la certeza en reglas de vigencia: en general, la ley que modifique una norma impositiva rige «desde el día primero del mes siguiente al de su publicación», y la que modifique la tasa de los impuestos anuales, desde el 1° de enero del año siguiente (art. 3); la única retroactividad admitida es en favor del contribuyente en materia de infracciones y sanciones. La legalidad se extiende, además, al ilícito tributario, al establecimiento de exenciones y a los procedimientos: la fiscalización del SII no es una potestad abierta, sino un procedimiento regulado. En la sentencia rol N° 2155-2008, la Corte Suprema confirmó una condena por el delito del artículo 97, N° 9, del Código Tributario (ejercicio clandestino del comercio) y sostuvo que la legislación tributaria no distingue entre ingresos producidos por actuaciones legítimas o ilegales.

2.2 Igualdad: la igual repartición de los tributos

El artículo 19, N° 20, asegura «la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas». No se trata de una igualdad numérica: la idea es asegurar el mismo tratamiento a quienes están en situaciones análogas de hecho y tratamientos distintos a situaciones distintas. La ley construye esas categorías con pautas objetivas (tramos de renta, tipos de bienes, actividades) usando criterios como la capacidad contributiva (quien tiene más capacidad económica soporta más carga, como en los tramos del impuesto único de segunda categoría), el origen de las rentas (la del trabajo es más precaria que la del capital) o el principio del beneficio.

La igualdad admite excepciones legales: exenciones, devoluciones, rebajas a la base imponible y créditos contra el impuesto, todas establecidas por ley y con criterios generales. En la sentencia rol N° 822-07-INA, el Tribunal Constitucional sostuvo que las exenciones tienen «sólido respaldo constitucional» y que solo sería objetable que el legislador las hubiera creado «en forma caprichosa o antojadiza, orientada a constituir privilegios injustificados a favor de ciertos contribuyentes». La misma sentencia precisó que la referencia a las «rentas» no impide gravar otras cosas: «la Carta Fundamental no prohíbe la imposición de tributos sobre los bienes de las personas ni sobre otros hechos diferentes de la renta o acrecimiento patrimonial».

2.3 Equidad o no confiscatoriedad: el límite material al tributo

El inciso segundo del artículo 19, N° 20, contiene el límite material más intenso: «En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos». El estándar no es subjetivo: la proporción remite a la correspondencia de una cosa con otra (el tributo sería ilícito si afecta desproporcionadamente a una actividad respecto de otra), y la justicia, al ánimo permanente de dar a cada cual lo suyo. El Tribunal Constitucional ha dicho que la desproporción se aprecia caso a caso, con factores objetivos como la capacidad de pago del contribuyente o la calificación del bien como de uso habitual o suntuario (STC roles N° 718, de 2007, y N° 219, de 1995, según Masbernat, 2012).

La no confiscatoriedad complementa esta regla en conexión con el derecho de propiedad (art. 19, N° 24): es confiscatorio el tributo que hace ilusorio ese derecho, aquel cuya carga equivale en los hechos a expropiar. No hay un porcentaje fijo: varía según el tiempo, el lugar y las circunstancias (como referencia comparada, la Corte Suprema argentina estimó confiscatorio el tributo que excede de un tercio de la renta). La advertencia realista: el legislador goza de un amplio margen de configuración, y el control judicial de la desproporción es excepcional y exige casos manifiestos (STC roles N° 280, de 1998, y N° 718, de 2007).

2.4 No afectación: los tributos no tienen destino previo

El inciso tercero del artículo 19, N° 20, dispone que «los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado». El fundamento es de finanzas públicas: la recaudación alimenta un fondo común que la Ley de Presupuestos distribuye según las prioridades generales. La propia Constitución admite dos excepciones que la ley puede autorizar: los tributos afectos a fines propios de la defensa nacional y los que gravan actividades o bienes con clara identificación regional o local, aplicables por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.

2.5 Iniciativa exclusiva del Presidente de la República

El artículo 65, inciso cuarto, N° 1, reserva al Presidente la iniciativa exclusiva para “imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progression”. Además, las leyes sobre tributos solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados (art. 65, inciso segundo). Los fundamentos son institucionales (el Presidente es el responsable del gobierno y de la administración del Estado, art. 24) y técnicos (la materia exige una mirada de conjunto). La consecuencia práctica: la agenda tributaria se define en La Moneda y en el Ministerio de Hacienda, y es allí donde el mundo privado concentra su trabajo de incidencia.

2.6 Juridicidad o debido proceso tributario

El sexto principio ancla en el artículo 19, N° 3, incisos cuarto y quinto: el tribunal debe estar establecido por ley y con anterioridad a la iniciación del proceso. En sentencia de 1987 (rol N° 46), el Tribunal Constitucional sostuvo que “todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso que consagra toda la doctrina procesal contemporánea”.

Medido con esa vara, el sistema tuvo durante décadas un problema estructural: hasta 2009, los reclamos contra liquidaciones y giros los resolvían los propios directores regionales del SII, el mismo órgano que fiscalizaba. La solución llegó con la Ley N° 20.322, de 27 de enero de 2009, que creó los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA): tribunales especiales, independientes del SII, con jueces designados por el Presidente de la República a partir de una terna de la Corte de Apelaciones respectiva.

El procedimiento general: contra una liquidación o un giro, el contribuyente dispone de 90 días para reclamar (art. 124 del Código Tributario); el juez concede traslado al SII por 20 días; superada la discusión, la causa puede recibirse a prueba por 20 días y luego entra en período de sentencia. La sentencia definitiva es apelable ante la Corte de Apelaciones y, contra el fallo de segunda instancia, proceden los recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema. Reformas posteriores ajustaron el diseño: la Ley N° 21.039 (2017) habilitó a los TTA para declarar la nulidad de los actos administrativos reclamados; la Ley N° 21.210 (2020) consagró la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; y la Ley N° 21.713 (2024) agregó nuevas medidas precautorias. La lección operativa: la defensa es posible ante un juez independiente, pero exige reaccionar dentro de plazos breves y fatales, empezando por los 90 días para reclamar.

3. Los derechos del contribuyente en el Código Tributario

Los principios no viven solo en la Constitución. Desde la Ley N° 21.210, el artículo 8° bis del Código Tributario enumera once derechos de los contribuyentes, reconocidos «sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes». Destacan el derecho a ser informado con claridad de toda actuación en que se tenga calidad de interesado; a que toda actuación del Servicio sea fundada (que exprese «los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión»); a que el Servicio no vuelva a fiscalizar los mismos hechos o impuestos; y a ejercer recursos personalmente o representado. El mismo cuerpo legal creó el recurso de resguardo: si el contribuyente estima vulnerados sus derechos, puede recurrir ante el Director Regional dentro de décimo día, y el recurso debe resolverse fundadamente dentro de quinto día.

El artículo 4° bis contiene dos reglas simétricas. La primera, de sustancia sobre forma: las obligaciones tributarias nacen y se hacen exigibles «con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios jurídicos realizados, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieren dado». La segunda, de protección: «el Servicio deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes». La buena fe se pierde cuando hay elusión, definida como eludir los hechos imponibles mediante abuso o simulación (arts. 4° ter y 4° quáter). Pero la propia ley traza la frontera con la planificación legítima: «es legítima la razonable opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria». Y la carga de la prueba es del Fisco, mediante un procedimiento especial que culmina ante el Tribunal Tributario y Aduanero (arts. 4° quinquies y 160 bis). Dato práctico relevante: la Circular N° 65, del 23 de julio de 2015, que durante años interpretó estas normas (la antielusión como «una herramienta de uso excepcional», probada «con pruebas reales del hecho y no meros indicios»), fue dejada sin efecto por la Circular N° 31, del 17 de abril de 2025, que imparte las instrucciones actualizadas sobre las medidas antielusión tras las Leyes N° 21.713 y N° 21.716.

Cierra este paquete el artículo 26, en la redacción dada por la Ley N° 21.210: si el SII modifica una circular, dictamen, informe u otro documento oficial destinado a impartir instrucciones, y como consecuencia del criterio anterior un contribuyente pagó impuestos en exceso o indebidamente, tiene derecho a solicitar su devolución. La Circular N° 44 de 2020 precisó las reglas: la devolución procede a contar del ejercicio comercial en que se emiten las instrucciones modificatorias y, si la modificación ocurrió en ejercicios anteriores al pago, rige el plazo general de tres años del artículo 126. En sentido inverso, el artículo 26 bis permite consultar al Servicio, con interés personal y directo, sobre la aplicación de las normas antielusión a operaciones que aún no se han realizado: una herramienta de certeza previa para decisiones empresariales relevantes.

4. El control de constitucionalidad: cómo se hacen efectivos los principios

Los principios descritos cuentan con un mecanismo judicial para hacerse valer: el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (art. 93, N° 6). Cualquier parte en un juicio pendiente puede pedir que un precepto legal decisivo se declare inaplicable a ese caso por contravenir la Constitución. Su efecto es inter partes: no deroga la norma, pero la aparta del caso del requirente. Interponido el requerimiento, el Tribunal puede suspender el procedimiento mientras resuelve; si lo rechaza, oficia al tribunal respectivo para que la gestión continúe (así ocurrió en el rol N° 822-07-INA). Dos enseñanzas prácticas: el Tribunal no actúa de oficio ni en abstracto (se necesita un juicio pendiente, que suele ser un reclamo ante un TTA), y la objeción constitucional y la defensa ordinaria no son caminos excluyentes, sino piezas de una misma estrategia.

5. Qué significa esto para su empresa

Cerramos con las consecuencias prácticas. Primero, las circulares y oficios del SII orientan la fiscalización y conviene conocerlos, pero no son la última palabra: un criterio administrativo siempre puede discutirse con fundamento. Segundo, si el SII cambia un criterio, el artículo 26 reconoce el derecho a pedir la devolución de lo pagado en exceso bajo el criterio anterior. Tercero, los plazos de defensa son breves y fatales: una liquidación o un giro solo puede reclamarse dentro de 90 días. Cuarto, el catálogo del artículo 8° bis y el recurso de resguardo ofrecen herramientas inmediatas frente a actuaciones que no respeten el debido procedimiento. Quinto, la planificación tributaria sigue siendo lícita (elegir entre alternativas que la ley ofrece no es eludir), pero debe apoyarse en sustancia económica real, porque la carga de probar el abuso es del Fisco.

Conocer los principios constitucionales tributarios permite detectar cuándo un acto del Fisco se sale del marco (una exigencia sin ley, una actuación infundada, una interpretación que excede la norma) y elegir a tiempo la vía de defensa que corresponde: la consulta, el recurso administrativo, el reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero o, en los casos que lo ameritan, la objeción constitucional. En Craden acompañamos a las empresas en ese diagnóstico, en su planificación dentro de la ley y en su defensa tributaria.

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Fuentes

Material base: Presentación “Principios Constitucionales Tributarios”, Jaime García Escobar, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Las referencias a la doctrina de Juan Eduardo Figueroa, de Evans y Evans y de Juan Martín Queralt provienen de ese material.

Normativa oficial:

Jurisprudencia y doctrina: